Santo Domingo.– La tensión diplomática entre República Dominicana y Nicaragua aumentó después de que el Gobierno dominicano condenara el anuncio del presidente Daniel Ortega de eliminar la vía electoral en su país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano consideró que esa posición niega al pueblo nicaragüense el derecho a elegir libremente a sus gobernantes y contradice los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana.
La Cancillería dominicana pidió a las autoridades de Nicaragua rectificar y garantizar los derechos políticos y las libertades fundamentales de la población. El planteamiento incluye la celebración de elecciones auténticas, competitivas y democráticas.
La respuesta de Managua llegó mediante un comunicado de tono confrontativo. La Cancillería nicaragüense calificó a las autoridades dominicanas de “voces vasallas” y “servidumbres vergonzosas”, y cuestionó que República Dominicana asumiera esa posición debido a su propia historia de dictaduras e intervenciones extranjeras.
El Gobierno nicaragüense también evocó al dominicano Gregorio Urbano Gilbert, quien combatió junto a Augusto C. Sandino durante la intervención estadounidense en Nicaragua. Sin embargo, su comunicación se concentró en desacreditar a las autoridades dominicanas y no explicó qué mecanismo sustituiría las elecciones ni cómo se protegería la participación política de los ciudadanos.
El choque trasciende un intercambio de comunicados. En el centro está la decisión de un gobierno de prescindir del voto como instrumento de legitimidad y renovación del poder. La posición dominicana coloca el debate en el terreno de los derechos políticos, mientras Nicaragua intenta desplazarlo hacia acusaciones de subordinación e injerencia.
La escalada podría afectar las relaciones bilaterales y aumentar el aislamiento regional del gobierno de Ortega. También pone a prueba la capacidad del sistema interamericano para responder cuando un Estado anuncia públicamente el cierre de la competencia electoral.
La pregunta que permanece es si la presión diplomática logrará alguna rectificación o si Nicaragua profundizará un modelo político sin elecciones competitivas. La respuesta determinará no solo el futuro de sus instituciones, sino también la postura que asumirán los demás países de la región.